Los 80 años de la Universidad de Panamá y la academia

Los ochenta años de la Universidad de Panamá deben convocar a un proceso de reflexión sobre su situación actual y los nuevos horizontes de renovación que exige la nación.

El repensar sobre sí misma incluye sus componentes, sus estamentos, su papel histórico y el que le toca jugar en estos tiempos. Es oportuno, faltando 20 años para convertirnos en una universidad centenaria, abordar la problemática de los docentes, al igual que sus expectativas inmediatas y futuras.

Pese a que en la Ley Orgánica y el Estatuto se instituye la Carrera Académica, hasta la fecha no ha sido reglamentada. Urge su materialización concebido y ejecutado como un sistema de administración para el desarrollo del profesor universitario, que asegure sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Este sistema debe regular con certeza jurídica lo relativo al ingreso, permanencia y egreso, basado exclusivamente en méritos académicos y eliminando las discrecionalidades de las autoridades y cualquier forma de clientelismo.

A falta de una carrera académica, se ha venido aplicando una serie de reglamentos desactualizados e inconexos. Tales son los casos de los reglamentos de Banco de Datos y de Evaluación del Desempeño del Docente. Estos requieren una nueva formulación, porque el primero determina el reclutamiento de los nuevos profesores que requiere la Universidad del siglo XXI; y el segundo hay que despojarlo de su esencia punitiva y dotarlo de objetivos que conduzcan al logro de la excelencia académica. Esta nueva definición reglamentaria debe ser el resultado de la participación y evaluación de los propios docentes.

Se deben establecer políticas y programas de perfeccionamiento permanente del docente, que complementen su formación académica, didáctica y el uso de la tecnología de la información. Es necesario ofrecer programas de doctorados para los profesores o ponerles a disposición estudios en universidades internacionales. Para lo cual hay que ofrecer becas, reducción de costos, licencias y descargas horarias. No es posible que le pidamos a nuestros docentes que obtengan doctorados y al mismo tiempo tengan que cumplir con una carga docente normal.

En nuestra universidad es obligante revisar la escala de remuneración docente, pues desde hace más de 30 años no se ha hecho ninguna modificación al ajuste bianual, de suerte que corresponda con las exigencias del desempeño. Esta revisión debe incluir, entre otros, el salario básico inicial en cada categoría y la reducción del tiempo para los ascensos, sobre todo en aquellos casos en que el docente ya posee los años de servicios, previo al concurso a cátedra.

El otorgamiento del tiempo completo no puede seguir siendo una atribución discrecional del rector. Debe establecerse un reglamento para otorgar la dedicación de tiempo completo, considerando las necesidades de los Departamentos o las Coordinaciones de Facultad, los méritos y tiempo de labor de los aspirantes. El profesor especial con dedicación de tiempo completo, al ganar un concurso de una posición regular, deberá otorgársele esa misma dedicación en la categoría de regular de forma automática. No como ocurre hoy, pues son conocidos varios casos en donde docentes que eran tiempo completo, y después de ganar un concurso a cátedra, no se les ha mantenido esta condición por motivos políticos.

El rol de los profesores especiales tiene que ser justamente valorado. Hay ejecutorias y comisiones que no deben estar reservadas exclusivamente a profesores regulares; pues, según los méritos y la antigüedad, los docentes especiales pueden participar igualmente. Hay que corregir la deficiencia administrativa del pago atrasado de los ajustes bianuales y la llamada equiparación a los profesores de tiempo parcial. También hay que eliminar la ilegal práctica de asignarles más horas a los profesores parciales, de las que se les pueden pagar, porque esto implica una explotación laboral por parte de la institución. Se requiere un plan permanente de apertura anual de concursos a profesores regulares, de tal manera que descartemos la práctica de abrir una plaza por departamento, lo cual provoca rivalidades innecesarias entre colegas.

La estabilidad del docente universitario debe imperar sobre las prácticas clientelistas y arbitrarias, como es el caso del temor a represalias por discrepar con las autoridades. Es preciso erradicar la práctica nociva de ser aislado o perseguido por tener una opinión diferente a la de las autoridades y por apoyar una opción electoral diferente. Sin la absoluta libertad a disentir y el ejercicio pleno de la democracia, no hay estabilidad laboral y es prácticamente imposible hacer universidad.

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