En Panamá no pagarán agua potable a las fundaciones y asociaciones

Con esto se modifica el artículo 42 de la Ley 77 de 2001, que reorganiza y moderniza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

La propuesta, presentada por el diputado perredista Luis Cruz, indica que para optar por dicho beneficio estas asociaciones y fundaciones deben estar debidamente reconocidas por el Ministerio de Gobierno e inscritas en el Registro Público.

Además, en su estatus deben determinar que las mismas tienen como objetivo o fines específicos alguna de las siguientes actividades: la atención o cuidado de personas con discapacidad, la atención o cuidados de enfermos crónicos, de indigentes o de personas que no han sido incorporadas al sistema de seguridad social, la promoción de la educación y la salud, las entidades encargadas de los cuidados de los adultos mayores y los hogares de protección social para niños y niñas.

En la exposición de motivos del proyecto, Cruz manifiesta que es conocido por todos que existen asociaciones y fundaciones que coadyuvan a llevar a cabo la rehabilitación económica y social de los sectores dependientes o carentes de recursos, realizando actividades a beneficio de los sectores y personas más vulnerables de nuestro país y muchas no cuentan con los recursos necesarios para la ejecución de sus actividades, ya que dependen de fondos de autogestión, del apoyo económico del Estado o de la empresa privada, pero que muchas veces dichos recursos son insuficientes.

Durante el debate, el diputado defendió la propuesta explicando que con dicho proyecto se le hace justicia a aquellas fundaciones que todos los días hacen una labor por esta sociedad, por este país.

Tanto las diputadas perredistas Zulay Rodríguez y Alina González se manifestaron en contra del título del proyecto de ley, pues pedían que fuera más específico con respecto a lo que se estaba estableciendo.

Este proyecto también pretendía que “toda asociación y fundación de interés privado sin fines de lucro de la República de Panamá que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 77 de 2001, tendrá derecho a un descuento del cincuenta por ciento (50%) en la facturación del consumo mensual de energía eléctrica, de entidad pública o privada”. Sin embargo, durante el debate este artículo se eliminó.