Sacyr da por concluidas las obras de ampliación del Canal de Panamá. Gastó $2,388 millones y espera recuperar la mitad de lo reclamado. Se mantienen sobre la mesa reclamaciones por importe de 2.443 millones de euros.

Sin embargo, no pocas veces se producen choques entre contratistas y contratadores que amenazan con tumbar los proyectos. Las obras de ampliación del Canal de Panamá han sido notablemente tensas en su tramo final, con acusaciones recíprocas entre las partes y con la posibilidad real de paralizar el proyecto sobrevolando el ambiente. Finalmente, las obras han concluido para alivio de todos.

Sacyr, la compañía española que comanda el consorcio de empresas encargadas de realizar la ampliación del Canal, ha dado por finalizados los últimos trabajos y la fastuosa infraestructura podrá inaugurarse el próximo mes. La tarea pendiente era el tercer y último juego de esclusas que permitirán abrir y cerrar distintos tramos del Canal. Con ello se pone fin a siete años de trabajos en la zona y a una intensa batalla judicial que, por otro lado, sigue lejos de estar resuelta. Los tribunales todavía deben pronunciarse.

“Va a ser muy difícil que ganemos dinero, pero si nos dan la mitad de lo que estamos reclamando podremos recobrar pérdidas”, reconoce Fernando Pardo, representante de Sacyr en el Grupo Unidos por el Canal (GUPC).

Los problemas arrancaron en 2014, cuando la Autoridad del Canal de Panamá detectó unos abultados sobrecostes en los presupuestos de las obras. Sacyr se excusó alegando que lo presupuestado inicialmente ya no tenía validez porque las condiciones del terreno no eran las mismas que el Gobierno panameño había indicado en 2009. El litigio fue sonado y en varios momentos se habló incluso de la posibilidad de reemplazar a Sacyr por otra empresa para que se hiciese cargo de la culminación de las obras. Los propios gobiernos de ambos países tuvieron que mantener contactos al máximo nivel.

La situación se encauzó al menos en el terreno diplomático pero las reclamaciones siguen en pie. Un tribunal de Miami será el encargado de llevar a cabo el arbitraje para decidir el destino de 187 millones de euros en disputa, al tiempo que hay otro litigio en marcha por importe de 215 millones de euros. Para redondear las cifras, la cuantía total de las reclamaciones pendientes se eleva hasta 2.443 millones de euros.

De momento, el consorcio GUPC asegura que va a percibir alrededor de $3,650 millones por las obras, de los que $465 millones provienen de las reclamaciones por sobrecostos. De manera que restan $2,846 millones pendientes de resolución, de los que $187 millones están en el Tribunal de Arbitraje de Miami, y otros $2,650 millones que tendrán que resolverse a través del Organo de Resolución de Disputas (DAB) y junto a la Autoridad del Canal de Panamá. Para no perder dinero, el consorcio deberá recibir al menos $1,900 millones.