Tribunal del caso Sobornos pide ubicar y detener al expresidente ecuatoriano Rafael Correa

“Se dispone que, por Secretaría —en el transcurso de este día— se cursen los oficios correspondientes, tanto al Comandante General de Policía, como al Jefe de la Policía Judicial, para su inmediata localización y captura [de los sentenciados]”, dijo una notificación del Tribunal de Juzgamiento de la sentencia por el caso Sobornos 2012-2016 revisado por Sputnik.

La orden incluye el traslado inmediato del exsecretario jurídico Alexis Mera, también condenado a ocho años de prisión, hasta el centro de rehabilitación social de Cotopaxi, ubicado en la ciudad de Latacunga (centro).

Mera venía cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario en su vivienda ubicada en la ciudad de Guayaquil (oeste).

Asimismo, el Tribunal ordenó buscar y detener a los exministros Vinicio Alvarado, María Duarte, Walter Solís.

Igual medida dispuso para la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri.

También ordenó la detención de 10 empresarios privados, sentenciados a ocho años de cárcel por formar parte de una estructura de corrupción en la que instituciones del Estado entregaron contratos a cambio de recursos para financiar las campañas políticas del partido oficialista Alianza País (AP), en ese entonces del exmandatario Correa.

En los casos de Correa y de su exvicepresidente Jorge Glas, el Tribunal ordenó que se avise al Ministerio de Finanzas para que de manera inmediata deje de pagar las pensiones vitalicias que ambos venían percibiendo por haber ejercido la primera y segunda magistratura de Ecuador.

Glas se encuentra cumpliendo desde diciembre de 2017 una pena de seis años de prisión en la cárcel de Latacunga por el delito de asociación ilícita en el caso de la trama de corrupción ligada a la empresa Odebrecht

El Tribunal, además, pidió que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la pérdida de derechos políticos de todos los sentenciados por un tiempo igual a la condena a prisión.

En cuanto a la reparación integral, los condenados tienen 30 días para pagar en conjunto el monto de 14,7 millones de dólares fijado en la sentencia.

La providencia no ordena prisión para la exasesora presidencial Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, sentenciadas a nueve y seis meses de cárcel, pues ya cumplieron sus penas cuando guardaron prisión preventiva.