Panamá Ports Company cumplió sustancialmente el contrato

De La Lastra dijo en una entrevista televisiva que la Junta Directiva de la AMP tenía el mandato, en cumplimiento de sus atribuciones legales, de autorizar o no al administrador del ente rector de las actividades marítimas y portuarias del Estado, para responder a PPC sobre su solicitud de prorrogar automáticamente el contrato de concesión suscrito en 1997 y que tiene una vigencia de 50 años.

“La Junta Directiva de la Autoridad Marítima no negoció nada con PPC, porque legalmente no está autorizada para ello”, añadió De La Lastra, un experto con más de 40 años en el negocio portuario.

Explicó que el contrato establece, para su prórroga automática, la realización de un audito por parte de la Contraloría General de la República (CGR) para certificar el cumplimiento de los términos fijados.

De La Lastra, quien ocupa actualmente la presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), resaltó que los directivos hicieron “un análisis riguroso” de la certificación de la CGR, a la que se sumaron “informes favorables” de la AMP, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la consultora de abogados estadunidenses Arnold & Porter Kaye Scholer, que por 35 años ha asesorado al gobierno panameño en temas financieros.

Reconoció que sectores interesados han creado “un morbo” alrededor de problema elemental, básico, como fue la prórroga automática de la concesión a PPC. “La Junta Directiva de la Autoridad Marítima hizo lo que tenía que hacer en base a las evaluaciones y reportes que se presentaron”, comentó.

“Hay un Contrato Ley pactado a 50 años. En los primeros 25 años se cumplieron los términos acordados por lo que se procedió a autorizar al administrador de AMP a responder a PPC sobre la prórroga automática del Contrato Ley”, dijo De La Lastra. Añadió que fue una decisión que se tomó “velando porque los intereses del Estado no fueron afectados”.

A lo largo de la entrevista televisiva, reiteró que los directivos de la AMP no están legalmente facultados para negociar con la concesionaria PPC. “Lo que teníamos que hacer era autorizar o no al administrador de la AMP para responder al pedido de PPC de la prórroga automática como establecen los términos del contrato”, precisó.

“Era lo único viable en base a un Contrato Ley. Teníamos que agarrar al espíritu del contrato que está condicionado a una prórroga automática, sin ningún tipo de variación, si cumplía”.

No haber autorizado la prórroga automática, luego de la certificación que la concesionaria cumplió en forma sustancial los términos del contrato, habría llevado al Estado a un arbitraje internacional con la empresa PPC con sus efectos para una economía postpandemia. De La Lastra estimó que se habría producido un escenario de pugnas legales, mudanza de activos y un golpe a la economía nacional con la reducción de la industria marítima y pérdida de miles de empleos.