"La situación se mantiene hasta que el gobierno nos dé una solución al problema de la minería. La Interamericana se mantiene cerrada", dijo Rogelio Montezuma, portavoz de la Coordinadora por la Defensa y Derechos del Pueblo Ngöbe-Buglé.

Según Montezuma, la lucha indígena es "legítima", y aseguró que mantendrán el bloqueo hasta tanto el gobierno no negocie con ellos en la misma carretera "porque el pueblo está aquí".

Desde el lunes, cientos de indígenas de esa etnia, la mayor de Panamá, mantienen protestas en diferentes regiones del país para exigir que un proyecto que se discute en el Congreso prohiba la explotación de yacimientos mineros en sus comarcas.

El cierre del paso hacia Costa Rica, desde la noche del martes, afectó a cientos de personas y habría dejado pérdidas al transporte de mercancías estimadas en 1,5 millones de dólares, dijo el presidente de la Cámara Nacional del Transporte de Carga, Manuel Mora.

"Bajo ninguna circunstancia vamos a caer en lo que quieren que caigamos, en una confrontación y a buscar un muerto", declaró el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, que culpó a "los grupos de oposición" de respaldar las protestas.

"Han financiado con dinero y logística para mantener a ese sector (...) al margen de cualquier posibilidad de negociación", acusó Mulino.

Durante meses, una comisión parlamentaria negoció con dirigentes indígenas el proyecto, después que el presidente Ricardo Martinelli derogó el año pasado reformas al código minero que impulsó para atraer inversiones, tras violentas protestas.

Tras consensuar un proyecto, los nativos sostienen que los congresistas retiraron un artículo que especifica la cancelacion de concesiones y las actividades mineras en sus territorios.

Actualmente en Panamá hay 25 solicitudes de 10 empresas interesadas en explorar oro y otros minerales en esa comarca indígena.