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Nueva plataforma “Registro de Abogados de la Administración Pública”

La Procuraduría de la Administración en su condición de asesor jurídico del Estado, realizó la presentación de la nueva Plataforma denominada “Registro de Abogados de la Administración Pública” (RAAP), en el Centro de Investigación y Capacitación.

14 marzo 2019 |

El presente proyecto, desarrollado bajo la supervisión y coordinación de la secretaria general de la Procuraduría de la Administración, la Mgtr. Mónica I. Castillo Arjona y desarrollado por el equipo de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la institución, está fundamentado en el mandato legal y constitucional que le corresponde a la Procuraduría de la Administración, como defensora de los intereses nacionales y municipales e igualmente de servir de asesora y consejera jurídica a los servidores públicos administrativos; así como establecer los mecanismos de coordinación que permitan llevar un registro de los abogados al servicio de las asesorías jurídicas de las entidades que conforman la Administración Pública, entendiéndose particularmente, las del Gobierno Central, las instituciones descentralizadas y las empresas públicas.

Mediante la resolución No. DS 026-18 (De 7 de febrero de 2018), la Procuraduría de la Administración creo el Registro de Abogados de la Administración Pública (RAAP), y el Registro de Procesos de la Administración Pública”, el cual busca llevar un registro de los abogados que forman parte de las diversas entidades que integran la Administración Pública.

Entre sus ventajas el RAAP es una plataforma que permite generar estadísticas en tiempo real; tener un escritorio con una tabla que contiene los datos de los abogados registrados en las instituciones pudiendo acceder a todos los datos almacenados y también da la posibilidad de mantenerlos actualizados.

Con esta nueva iniciativa la Procuraduría de la Administración cumple con su misión de coadyuvar a que la Administración Pública desarrolle su gestión con estricto apego a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, y eficacia en la prestación de los servidores públicos.

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