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Asamblea impide muevamente ingreso a auditores de la Contraloria

Como es conocido por la ciudadanía, el Contralor General de la República Federico A. Humbert, el pasado 15 de mayo de 2018, ordenó realizar una auditoría tendiente a revisar el manejo de fondos asignados a la Planilla 080 de la Asamblea Nacional.

14 junio 2019 |


Esta instrucción se vio interrumpida por la negativa de la Presidenta y Representante Legal de la Asamblea Nacional, Diputada Yanibel Abrego, al no permitir el acceso a los auditores, a ejercer su función, e igualmente al presentar ante la Corte Suprema de Justicia una acción de Amparo de Garantías Constitucionales, en contra de la Resolución que ordenaba la auditoría.

Resulta imperativo para la Contraloría General de la República hacer del conocimiento de la Ciudadanía en general, que hoy se emitió una Resolución ordenando reanudar la auditoría suspendida. Sin embargo, a pesar del fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que DENIEGA el amparo de Garantías Constitucionales promovido por la Diputada Abrego, hoy nuevamente en un acto arbitrario y antijurídico se impidió a nuestros auditores iniciar la correspondiente auditoría.

“Es inaceptable que el Primer Órgano del Estado, precisamente encargado de aprobar las leyes y normativas que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir, sea quien promueva en un abierto ejemplo de rebeldía e insubordinación a la Corte Suprema de Justicia, el cumplimiento de la Constitución y la Ley”, señaló Humbert.

“Luego de los nefastos resultados que emanaron de las auditorías que hicimos a las planillas 172 y de donaciones de la Asamblea Nacional, no me sorprende que esta Institución insista en evitar que la Contraloría General de la República, y por ende la ciudadanía, conozcan cómo se manejaron los fondos de esa planilla. Son más de 59 millones de dólares por los cuales la Asamblea no quiere rendir cuentas; quien no la debe, no tiene por qué temerla. Recurriremos a todas las instancias legales que nos faculta la Ley, para llevar adelante nuestra responsabilidad fiscalizadora a la que nos obliga la Constitución”, dijo Humbert.

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