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Indígenas panameños exigen propiedad de territorios ancestrales

La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip) exigió que el Ministerio de Ambiente (Miambiente) cumpla con la Constitución, la ley y los convenios internacionales para otorgarle en propiedad territorios ancestrales.

13 octubre 2018 |

En un comunicado difundido este viernes, a propósito del día mundial de la Resistencia Indígena, la organización, que aglutina a los siete pueblos originarios de Panamá, recordó que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por la violación al derecho de propiedad de estas comunidades.

Según el fallo, no existe razón moral, ni ética, ni legal para no reconocer los derechos territoriales de las comunidades indígenas, preexistentes antes de la creación de las áreas protegidas.

'El ministro de Ambiente ha declarado a los medios de comunicación nacional que no se pueden dar títulos individuales y colectivos dentro de las áreas protegidas, esta declaración nos sorprende y habla mucho de la ética, seriedad y deberes de un ministro de Estado a sus obligaciones nacionales e internacionales', expresa el texto.

Ante esta realidad, 'exigimos que el Ministerio de Ambiente saque sus manos de los procesos de titulación colectiva que no le competen, que es una atribución exclusiva de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati)', apunta.

De igual forma, Coonapip rechazó el decreto que regula el manejo compartido, porque no se adecua a la realidad de las comunidades indígenas, en tanto 'somos titulares de derechos de propiedad y no meros concesionarios de nuestros recursos naturales'.

También demandó que Miambiente cumpla lo que establece la ley sobre la coordinación con las autoridades indígenas para desarrollar de conjunto un plan de manejo sostenible de los recursos naturales y de desarrollo comunitario.

Demandó la aprobación de la comarca Naso Tjerdi, la ampliación de la Guna Yala, el saneamiento inmediato de las tierras y comunidades indígenas invadidas, además del respeto a la autonomía y a la elección de sus autoridades tradicionales, entre otros legítimos reclamos.

De no existir una respuesta en el marco de 30 días, decretados por el Congreso General de Dagargunyal, la Coonapip convocará a un paro nacional pacífico y presentará 'denuncias criminales' al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, por abuso de autoridad.

En declaraciones recientes a Prensa Latina, Leonides Quiroz, abogado de las comunidades Emberá-Wounaan, explicó que las solicitudes estaban estancadas en la Dirección Nacional de Áreas Protegidas.

Por ello, el acuerdo firmado con el titular de Ambiente les ofrece una seguridad jurídica a los pueblos indígenas para ser beneficiarios del Programa de Naciones Unidas sobre Reforestación, precisó.

El jurista aseveró, además, que las maniobras dilatorias responden a la falta de voluntad política e intereses económicos, los cuales afectan cerca de 250 mil hectáreas de tierras a nivel nacional, ocupadas por los Emberá-Wounaan, aunque MiAmbiente maneja 600 mil hectáreas que incluyen a otras etnias indígenas.

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