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Presentan segundo informe del Observatorio del Sistema Judicial

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Comisión de Justicia y Paz (CJP) y la Universidad Santa María La Antigua (USMA) presentaron el Segundo Informe del Observatorio del Sistema Judicial (OSJ) de la República de Panamá.

26 abril 2018 |

El informe No.02-2018 manifiesta la preocupación del OSJ por el estancamiento actual de la justicia, especialmente, en proceso donde el futuro de la investigación está en juego por la prescripción de las causas penales.

“Esta situación es inaceptable; vivimos tiempos que exigen transparencia, justicia y rendición de cuentas, no sólo por parte del Órgano Judicial, que hoy es nuestro tema de reunión, pero igual por parte de los demás Órganos del Estado”, puntualizó Inocencio Galindo, presidente de la CCIAP.

En el marco de lo anterior, el comité de expertos del OSJ destaca que, frecuentemente, los tiempos que consumen la auditoría de la Contraloría y la recopilación de los elementos para la vista fiscal o, en su caso, para la audiencia de imputación de cargos, son estrechos para una investigación de calidad antes de su remisión al Juzgado, con la salvedad de los delitos de naturaleza compleja así declarados en el caso del Sistema Acusatorio.

Este segundo informe del OSJ señala que las causas que inciden negativamente en el término de la prescripción de los delitos pueden ser resumidas así:

  • Investigaciones deficientes por falta de personal o por inexistencia desde el principio de una teoría del caso coordinada y efectiva
  • Inexistencia de una auditoría de la Contraloría o en algunos casos, presentada mucho después de iniciada la investigación y aplicada las medidas cautelares a personas.
  • Falta de determinación de la Fiscalía en la solicitud de fecha para la audiencia preliminar ante el Juzgado de la causa.
  • Causas penales cuya investigación comenzó con otras administraciones del Ministerio Público, y fueron reabiertas en otra administración, sin considerar que el término de prescripción debía contarse desde que el delito se cometió.
  • Falta de Juzgados especiales que permitan agotar los procesos del Sistema Inquisitivo actual para que puedan celebrarse más audiencias en menos tiempo y así evitar la prescripción.

En cuanto al estancamiento de algunos procesos en el Órgano Judicial, este documento indica que, la gran cantidad de procesos de descarga se dan en la ciudad capital, lo que hace necesario establecer más juzgados, a efectos de descongestionar el sistema. La mayoría de los juzgados que tienen procesos sensitivos ante la opinión pública, tienen el calendario de audiencias llenas hasta el mes de octubre, por lo cual, si en el día de hoy se remite un caso con vista fiscal, les es imposible programar fechas de audiencias próximas y brindar mayor celeridad a la necesidad de justicia en la ciudadanía.

Por su parte, con relación al Proyecto de Ley 590 de 2018, Reserva del Sumario y Protocolo de Comunicación, los expertos del OSJ opinan que  la reserva del sumario es una medida coherente, dispuesta para asegurar el éxito de las investigaciones, hasta que puedan esclarecerse los hechos e imputarse responsabilidades; de aquí que deba mantenerse hasta que se hagan las determinaciones que ameriten su levantamiento; sin embargo, no se ha encontrado que justifique el hermetismo sobre causa alguna, salvo el caso de menores y de delitos relativos a la familia o en que esté comprometida la dignidad de las personas, que se mantenga indefinidamente, incluso cuando se arribe a conclusiones gracias a la delación de determinados agentes a quienes se puede proveer protección, pero sin mantener un velo de oscuridad sobre los hechos. La sociedad necesita que la verdad resplandezca.

El documento presentado por los integrantes del OSJ expone algunas recomendaciones adicionales referentes a la falta de integración oportuna de la Corte Suprema de Justicia, el peligroso precedente de la impunidad general y los efectos de la falta de justicia.

Concerniente a la falta de integración oportuna de la Corte Suprema de Justicia, los especialistas destacan que, tratándose de la administración de justicia de una Nación, los efectos negativos son mayores, pero además tienen un efecto cascada en todo el Órgano Judicial. De la Corte Suprema de Justicia depende la conformación de los Tribunales Superiores, de quienes a su vez dependen los nombramientos de los jueces de circuito y de éstos también los jueces municipales.

Al mismo tiempo, el documento resalta que, el sistema de los jueces de paz que sustituirán a los corregidores en todo el país, cuya preparación y adiestramiento dependen en buena medida del Órgano Judicial, que incompleto e inseguro en su composición, será vulnerable a calificar indebidamente a los aspirantes, arriesgando que en los más populares estratos, los problemas no se resuelvan de conformidad con las leyes, sino como lo han sido tanto tiempo, en base al amiguismo o los intereses políticos y económicos.

De igual forma subraya que, colocar a jueces y magistrados en situación de interinidad, es un socorrido mecanismo para manipular la administración de justicia, generalmente, en favor de los altos personeros gubernamentales y de intereses personalísimos y recriminables, que se ha ensayado en diferentes oportunidades, en varios países de la región, con censurables resultados.

Con relación al peligroso precedente de la impunidad general, los integrantes del Observatorio estiman que es evidente que la Nación ha estado realizando esfuerzos significativos para contar con leyes que sirvan para combatir la corrupción y los delitos contra la administración pública; sin embargo, la falta de aplicación de las normas penales que sancionan los delitos, en sentido contrario, terminan siendo una invitación para que éstos se cometan; por tanto, sin efectos negativos por la conducta punible y ante el ejemplo del mejoramiento aparente de las condiciones materiales de vida de quienes delinquen, muchos, particularmente los más jóvenes, caen con facilidad en la tentación de buscar por el camino fácil, un bienestar de espejismo, en que no distinguen lo bueno de lo malo, pero afectan a la sociedad en general.

“Esto explica el crecimiento de la delincuencia en todas sus formas y en todas las esferas y niveles sociales, pero más aún, su proliferación puede llegar a ser de tal naturaleza que la sociedad derive hacia la anarquía y el caos, en tanto que, los más peligrosos delincuentes llegan a ser vistos y queridos como héroes admirados que deben imitarse, cuando en realidad son microbios infecciosos en el tejido social en que viven, minando a la población hasta postrarla en un primitivo estado en que sólo prevalece la ley del más fuerte, agrega el informe.

Conexo a los efectos de la falta de justicia, el informe menciona que existe una mansedumbre y una complacencia en los funcionarios de los gobiernos que tienen bajo su responsabilidad salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación, y lamentablemente, esta condición se ha enquistado en las instituciones del Estado.

En otras palabras, “no se puede trabajar para una nación en paz, ignorando la justicia”, señala el informe.

Los integrantes del OSJ concluyen que, a pesar de contar con herramientas efectivas, las organizaciones criminales siguen operando con impunidad.

Ante este análisis el informe del OSJ presenta las siguientes recomendaciones en la lucha contra la corrupción:

  • Fortalecer la carrera administrativa y judicial, que permita que los funcionarios que ingresen al sistema concursen a las posiciones y se les reconozca estabilidad.
  • Incorporar al Órgano Judicial personas auténticamente comprometidas con valores éticos, con sentido de equidad, con raciocinio ecuánime y con la fortaleza de carácter necesaria para buscar y llegar a la verdad material de los hechos, sin descuidar el procedimiento, y que dispongan de las garantías que les permitan actuar con apego a estos valores.

El Observatorio del Sistema Judicial enfatizó que todavía se encuentran pendientes proyectos de leyes tales como, la Protección de quien denuncia un acto de corrupción y la ley de las Declaraciones de Bienes Patrimoniales.  Estas iniciativas, además de constituir unas de las herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción, se encuentran dentro de los preceptos legales sugeridos por la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Asimismo, revela que, sin perjuicio de la existencia de las normas penales tradicionales, nuestro sistema jurídico se ha enriquecido con la tipificación del Enriquecimiento Ilícito y el establecimiento de controles que permiten su detección temprana, como lo es la Unidad de Análisis Financiero (UAF), a la que aún debe dotarse de absoluta independencia del Órgano Ejecutivo y de los intereses políticos. “Si pudiéramos lograr tal objetivo, los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito, serían cosa del pasado y el costo que paga nuestra economía tendría millonarios ahorros que contribuirían a la erradicación de la pobreza y la concesión de mayores oportunidades para todos”, añade el documento.

Para los miembros del OSJ es importante recalcar que, en la Asamblea Nacional hay iniciativas legislativas relacionadas con las medidas de protección para las personas que denuncien delitos contra la administración y la fe pública y con la regulación de recompensas a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción, sin embargo, no se les ha dado el debate debido.

Finalmente, el OSJ consideró que es también indispensable dotar al Órgano Judicial de los recursos necesarios para cumplir eficazmente con sus responsabilidades.

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