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Advierten estafa en cobro de regalías por derecho de autor

La directora general de Derecho de Autor del MICI, Isis Rivera señaló, que los empresarios, dueños de comercios y negocios, que en sus actividades utilizan obras que son objeto de protección por derecho de autor, deben contar con una licencia otorgada o contrato de licencia por la entidad de gestión colectiva.

03 julio 2018 |

La Dirección de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio e Industria (MICI)

Advierte que únicamente existen cuatro entidades de gestión colectiva autorizadas para el cobro de regalías: la Sociedad Panameña de Autores y Compositores (SPAC), la Sociedad Panameña de Productores Fonográficos (PRODUCE), la Asociación Panameña de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (P.A.N.A.I.E) y la Asociación de Editores y Autores de Panamá (SEA Panamá).

La comunidad debe tener conocimiento pleno de quienes pueden ejercer esa labor, ya que, según el artículo 138 de la ley 64, estas entidades están facultadas para recaudar y distribuir las remuneraciones correspondientes a la utilización de las obras, producciones y demás prestaciones protegidas, cuya administración se le haya confiado en término de la presente ley, recordó Rivera.

Agregó que las entidades de gestión colectiva están autorizadas o más bien se formalizan, una vez adquieren la personería jurídica que le otorga el Ministerio de Gobierno, y deben presentar esta autorización a la Dirección de Derecho de Autor del MICI, igualmente con los estatutos apegados a lo que señala la ley 64 del 10 de octubre de 2012, de esta manera quedan facultadas para funcionar en todo el territorio nacional.

La Ley establece en su artículo 133, que estas entidades están conformadas para defender los derechos patrimoniales de los autores o titulares de derecho correspondiente tanto a sus asociados o representados, como los afiliados a otras sociedades extranjeras. Los mismos celebran contratos de representación recíproca con otras entidades que funcionan en el mundo entero, como las cuatro autorizadas en la República de Panamá.

La normativa señala que -para los fines de sus funcionamientos con una autorización del Estado- estas entidades de gestión colectiva estarán sometidas a fiscalización en los términos de la Ley en lo que dispongan los reglamentos, es decir son las únicas facultadas para acercarse ante una persona o empresa que utilice una obra protegida por derecho de autor, ya sea que obtenga un beneficio directo o indirecto con lo que está utilizando.

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