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El acuerdo por una nueva Constitución no logra aplacar la revuelta social chilena

Los chilenos amanecieron con el anuncio de un acuerdo para avanzar hacia una nueva Constitución del país.

16 noviembre 2019 |


Pese al pacto que sellaron en la madrugada pasada las fuerzas del oficialismo y la oposición, miles de chilenos volvieron a manifestarse esta jornada por mejoras sociales inmediatas y para condenar la violencia cometida en el marco de esta crisis que tuvo sus orígenes el 18 de octubre.

Todo comenzó con la subida del precio de la tarifa del transporte a principios de octubre, que ocasionó que decenas de estudiantes se organizaran a través de redes sociales para evadir el pago del pasaje del metro de Santiago.

El estallido social tomó fuerza cuando las manifestaciones provocaron el cierre simultáneo de las siete líneas del metro capitalino a plena luz del día, dejando sin transporte público a los miles de habitantes que ese día se desplazaban hacia sus hogares.

Esa misma noche comenzaron los cacerolazos contra el alza del precio del transporte, mientras los medios daban cuenta de la quema de autobuses, saqueos y daños a 77 estaciones del tren subterráneo, de las cuales 20 fueron incendiadas, según las cifras entregadas por la empresa Metro.

Los hechos impulsaron al presidente chileno, Sebastián Piñera, a decretar estado de emergencia en algunas provincias de la región Metropolitana el 19 de octubre, e instruir a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo de la seguridad y el orden público de la zona.

El patrullaje militar no hizo más que aumentar el descontento social y lejos de aplacarse, las protestas aumentaron. Según las cifras oficiales, el primer fin de semana de movilizaciones dejó once muertos, cientos de heridos, más de 800 detenidos y un país bajo toque de queda, por primera vez en la capital desde 1987.

Entre clases suspendidas y una jornada laboral acotada, a raíz de la situación crítica del país, el Gobierno anunció la revocación del alza del transporte público, con el fin de paliar las manifestaciones, lo que no surtió efecto, dado que la consigna ahora era más ambiciosa: terminar con la desigualdad y los abusos.

Piñera, sin haber podido restablecer la normalidad del país, se dirigió a la ciudadanía y declaró "estar en guerra frente a un enemigo poderoso, que no respeta a nada ni a nadie", lo que sumó aún mayor rechazo en la población.

Con eso, la revuelta se agudizó en demanda de mayores pensiones, salarios, una mejor calidad de la educación y la salud pública, entre otros reclamos promovidos por decenas de movimientos sociales, como la propia renuncia del jefe de Estado.

Todas estas exigencias confluyeron en la necesidad de construir una nueva Constitución, una idea que, según afirmaron los expertos locales, volvió a levantarse después de años y a cuestionar la legitimidad de la Carta Fundamental actual, redactada y aprobada en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La crisis desatada obligó a la administración Piñera a suspender la realización en Santiago de las reuniones de APEC y COP25, así como la final de la Copa Libertadores, eventos fijados para este fin de año, para centrar los esfuerzos en el acontecer nacional.

Hasta el momento, se estiman mermas económicas, según el Ministerio de Hacienda, por unos 3.300 millones de dólares en este país sudamericano, considerando daños a la propiedad pública y privada.

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