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Presidente de Cuba reitera garantías a empresariado extranjero

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró las garantías que su gobierno otorga al empresariado extranjero asentado en la isla, amenazado por la activación por parte de Estados Unidos del Título III de la Ley Helms-Burton.

19 mayo 2019 |


En su cuenta de Twitter, el mandatario cubano aseveró que "Cuba reitera su decidida posición de aplicar las garantías establecidas para proteger las inversiones extranjeras ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton".

Esa ley fue aprobada en 1996 por el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton, pero por su carácter extraterritorial durante 23 años y cada seis meses quedó en suspenso el Título III, hasta que el pasado 2 de mayo, la administración del presidente Donald Trump comenzó a aplicarlo.

Ese acápite permite a ciudadanos estadounidenses emprender acciones legales contra quienes "trafiquen" con propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

También permite las reclamaciones de personas que hoy son ciudadanos estadounidenses pero que eran cubanos al momento de perder sus propiedades.

"Ese engendro legislativo, por su carácter extraterritorial, no tiene jurisdicción en Cuba", subrayó Díaz-Canel.

La víspera el gobierno cubano ofreció garantías jurídicas a un grupo de empresarios extranjeros con negocios en la isla, amenazados ahora por la activación plena de la Ley Helms-Burton.

"Les aseguramos que será aplicada toda garantía contemplada en nuestro marco jurídico para proteger sus inversiones en Cuba, ante cualquier eventual demanda", dijo el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca.

El ministro se reunió con representantes de 136 empresas y una veintena de embajadas para ratificar la seguridad legal que ofrece la isla a quienes están amenazados por esa legislación.

En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimó que la activación del Título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas en cortes del país.

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