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Gobierno ecuatoriano expresa respeto a justicia ante caso que vincula a Correa

El gobierno de Ecuador es respetuoso de la justicia ante la petición de la Fiscalía para que se vincule al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en una investigación sobre el presunto intento de secuestro de un político opositor, dijo el secretario particular de la Presidencia, Juan Roldán.

13 junio 2018 |


"El gobierno tiene absoluto respeto de lo que hace la Fiscalía y de lo que hacen las cortes, eso ha permitido que fiscales y jueces tomen decisiones difíciles", dijo Roldán en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno en Quito.

El lunes, el fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, solicitó a la Corte Nacional de Justicia que se señale día y hora para la audiencia de vinculación de Correa en el supuesto intento de secuestro del político Fernando Balda, ocurrido en agosto de 2012 en Bogotá, Colombia.

Según el fiscal, "han aparecido datos de los que se presume la participación" del ex mandatario, quien gobernó el país de 2007 a 2017.

Roldán agregó que "es un tema muy grave y al gobierno le preocupa, porque es muy grave pensar que un ex presidente pueda haber estado vinculado en algo así".

"Este gobierno no persigue, no ataca, no golpea a sus opositores. Este gobierno cree en la justicia y por tal razón debe dejar en libertad a los actores de la justicia para que tomen las mejores decisiones posibles", señaló.

El lunes, tras recibir la petición de la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral) la autorización para el "enjuiciamiento penal" de Correa por este caso.

La Corte dio un plazo de 72 horas a la AN para que proceda a emitir un pronunciamiento.

En un comunicado, la AN señaló que está a la espera del ingreso de la solicitud de la Corte para pronunciarse, aunque precisó que a partir de mayo de 2017 Correa ya no ejercía las funciones de presidente de la República.

Por tanto, no aplica el artículo 120 de la Constitución, numeral 10, que establece el requisito previo de autorización para presidentes en funciones y no para ex mandatarios.

Al respecto, Roldán indicó que el gobierno es "respetuoso" de los otros poderes del Estado, y apuntó que "es la Asamblea la que tiene que decidir".

Asambleístas afines a Correa en la AN atribuyen la vinculación del ex mandatario a una "persecución política".

El presunto intento de secuestro de Balda, ex legislador por el opositor Partido Sociedad Patriótica y activista político, se produjo en Bogotá.

Balda había alegado que cuando estuvo en la capital colombiana cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, pero la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.

El político fue expulsado de Colombia el 10 de octubre de 2012 a solicitud de Ecuador, ya que estaba condenado a dos años de cárcel por supuestas injurias contra el gobierno de Correa.

Además, existía una orden de prisión preventiva en su contra por atentar contra la seguridad interna del Estado.

Balda planteó la denuncia del supuesto secuestro en 2012, sin embargo el caso se reactivó en enero de 2018.

Hasta ahora, cinco personas han sido vinculadas en las investigaciones, entre ellas, tres agentes de inteligencia que se encuentran en prisión preventiva, además, el ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero y el ex comandante general de la policía, Fausto Tamayo.

La Fiscalía ha llamado a declarar a 22 personas y ha pedido 29 nuevas diligencias.

El pasado 24 de mayo, el ex presidente Correa rechazó cualquier implicación en el caso, tras declarar mediante una videoconferencia ante la Fiscalía en el consulado de Ecuador en Bruselas, Bélgica, donde reside.

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